POLÍTICAS 4.0 PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Las plataformas colaborativas han transformado el transporte urbano y el turismo, el blockchain tiene el potencial de cambiar por completo el sector financiero y la inteligencia artificial está dándole la vuelta a la manera en que hoy en día se hace ciencia. Las novedades sobre startups e innovaciones digitales que revolucionan industrias enteras y cambian hábitos de consumo nos recuerdan a diario que estamos viviendo en la nueva economía digital, la cuarta revolución industrial en pleno desarrollo.
En este contexto, enfrentamos una creciente complejidad de desafíos con fronteras borrosas entre sectores y una multiplicidad de problemáticas interrelacionadas. Las plataformas dedicadas al transporte urbano también reparten comida, las empresas de agroindustria que usan drones o las empresas que están probando coches autónomos entran a operar en sectores regulados de transporte. Y todo pasa por el uso de datos. En el sector de energía, el desarrollo de energías renovables o las redes inteligentes demandan nuevas capacidades y marcos regulatorios cada vez más apoyados en la generación e intercambio de datos masivos. La sostenibilidad del sector de salud pasa hoy por la atención virtual, en tanto que la salud móvil y el historial clínico electrónico generan cada vez mayores volúmenes de información con potencial de mejorar los procesos de diagnóstico y la efectividad de medicamentos. En la construcción, la digitalización y compartición de datos entre todos los actores de la cadena de valor permite asegurar el cumplimiento de normativas, hacer mantenimiento predictivo de la infraestructura y ahorrar costos.
Asimismo, se trata de un nuevo contexto de cambio tecnológico acelerado e incertidumbre que está alterando el modo en que las empresas innovan y en el cual más actores públicos, privados y ciudadanos participan en la ideación, adopción y uso de innovaciones. Es cada vez más común la innovación abierta: grandes empresas y startups llevando adelante procesos co-creación y colaboración para poder innovar al ritmo que les impone el mercado, con soluciones más baratas y ágiles. Se dan igualmente esquemas de innovación similares desde el gobierno.
¿Cuáles son las implicancias para América Latina y el Caribe? Si bien algunos países latinoamericanos han formulado ambiciosas agendas digitales nacionales, en general la respuesta de las políticas públicas en la región no está poniendo suficiente foco en la generación de capacidades en el sector privado para adoptar y utilizar tecnologías digitales para su transformación. En este blog analizamos la necesidad de actualizar las políticas de apoyo a la innovación en esta revolución digital para que los países de la región no pierdan la oportunidad de subirse a esta ola digital que puede impulsar la productividad y contribuir a resolver desafíos sociales y ambientales.
América Latina en el nuevo contexto digital
Según estadísticas recientes, las empresas latinoamericanas presentan importantes brechas de adopción en muchas de las nuevas tecnologías digitales con respecto a países de la OECD, lo cual afecta negativamente la innovación y la productividad al tratarse de tecnologías que tienen impactos transversales en toda la economía. Los datos disponibles para ciertos países de Latinoamérica (ver gráfico) muestran que las tecnologías de datos masivos (big data) y computación en la nube son utilizadas por un porcentaje mucho menor de empresas (la mitad o menos) en comparación a los países OECD. Y estas brechas son aún más pronunciadas si se tienen en cuenta el tamaño de las empresas.
Las brechas en cuanto a la digitalización de servicios públicos son igual de serias. De acuerdo un informe reciente de Naciones Unidas, solo 5 de los 19 países de ALC están entre los 50 más digitalizados del mundo, y según Open Data Barometer, solo un 10% de los datos gubernamentales están en formato abierto.
Pero no solo hay brechas de uso de nuevas tecnologías sino también de conectividad y calidad de la conexión, lo que limita el alcance de los potenciales beneficios de la economía digital. La penetración de banda ancha no supera el 50% en los países latinoamericanos, mientras que en la OECD es cercana al 90% y la velocidad promedio de descarga es de 3.6 Mbps en América Latina y el Caribe (ALC), lo cual está muy por debajo del promedio mundial (9.1 Mbps). Además, si miramos datos del Índice de Conectividad Global de Huawei, observamos que las brechas en cuanto a infraestructura de datos vinculada con nuevas tecnologías de big data, computación en la nube (cloud) o Internet de las cosas (IoT) también presenta serias brechas en la región.
La escasez de talento es otra barrera crucial que está afectando la adopción de tecnologías digitales en los países de ALC, limitando su productividad y sus capacidades para innovar. Cisco estima que en 2019 habrá una brecha de medio millón de profesionales tecnológicos en la región y que en 2025 ascenderá a 1,25 millones solo para programadores. La formación de capital humano con las habilidades digitales (tecnológicas y de gestión) requeridas por el mercado debe estar en el centro de las estrategias de transformación digital del sector público y privado.
Este diagnóstico, unido al escenario de alta complejidad, velocidad de cambio tecnológico e incertidumbre demanda respuestas urgentes, por lo que proponemos algunos lineamientos para desplegar un marco integral de políticas de transformación digital que contribuyan a cerrar estas brechas.
Políticas de transformación digital: una respuesta integral, ágil y público-privada
Para que América Latina y el Caribe (ALC) pueda aprovechar las oportunidades de la economía 4.0 es necesario desplegar políticas públicas 4.0. Ante la complejidad, se propone una respuesta integral. Ante la incertidumbre tecnológica, soluciones abiertas y ágiles. Ante la urgencia y la dimensión de la brecha, una mirada público-privada. Esto significa trabajar de manera simultánea desde la oferta y la demanda para generar las condiciones, los insumos y el desarrollo de las capacidades necesarias, en el Estado y en las empresas, para la adopción y uso de las nuevas tecnologías. Aquí presentamos algunos ejes clave para diseñar e implementar las intervenciones propuestas.
1. Infraestructura digital
La región deberá cerrar en primer lugar las brechas de conectividad que aún persisten en muchos países y en zonas rurales, pero también deberá prestar atención a la infraestructura y regulación de los datos. Pasan a ser imprescindibles en este nuevo contexto el acceso adecuado a la banda ancha, el almacenamiento en la nube, el procesamiento de datos masivos y de aquellos vinculados a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas y a la ciberseguridad, entre otros.
2. Talento digital
Sin capital humano con destrezas digitales para la I+D, la innovación y el trabajo técnico en las empresas, así como sin gerentes con capacidades actualizadas, ALC no podrá aprovechar las oportunidades de la economía digital. Las brechas entre necesidades de las empresas y oferta de capital humano son cada vez más grandes. Dada la urgencia y dimensión de este desafío son necesarias estrategias integrales que aprovechen las innovaciones que están surgiendo en la oferta de formación, desde los cursos masivos (MOOCs) hasta el uso de realidad virtual y aumentada para entrenamiento técnico, pasando por una oferta de cursos técnicos de corto plazo que ayudan a la actualización y adquisición de habilidades en la fuerza laboral provistos por nuevos actores como Udacity, L’Ecole 42 o General Assembly, sin olvidarnos que la formación universitaria no podrá permanecer al margen de estas transformaciones. Asimismo, el cambio de mentalidad que impulsará una transformación real de modelos de negocio y puesta en valor de datos de nuestras empresas tiene que venir de los propios gerentes. La apuesta por formación digital debe empezar por ellos.
3. Transformación digital de sectores estratégicos
La transformación digital de cadenas de valor o de sectores tradicionales como energía, salud o construcción requiere de intervenciones específicas en formación, actualización regulatoria, interoperabilidad, desarrollo de estándares y déficits de innovación, las cuales pueden ser atendidas con una mirada por verticales, como es el caso de las iniciativas apoyadas por el Comité de Transformación Digital en Chile o nuevas miradas como el programa canadiense de Superclusters. El impulso al sector TIC y al desarrollo de ecosistemas de emprendimiento, por su impacto transversal en la digitalización e innovación del resto de los sectores también debe ser sujeto de una atención prioritaria en cualquier estrategia digital. Asimismo, los programas de I+D e innovación orientados por misión contribuir a resolver los desafíos estratégicos que enfrentan los países de la región, contenidos en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
4. Adopción digital en pymes
Segmentos de empresas como las pymes, en donde existen mayores brechas de adopción digital, deben ser atendidos con políticas específicas enfocadas en facilitar la difusión y prueba de nuevas tecnologías, así como en el fortalecimiento de las capacidades gerenciales y tecnológicas que permitan desplegar estrategias de transformación digital e impulsar nuevos modelos de negocio. Instrumentos como los vouchers que cofinancian asistencia técnica y asesorías, los centros de extensión e innovación digital que prestan servicios de actualización digital o formación son algunas de las intervenciones que se vienen implementando en varios países de la Unión Europea. El desafío es poder hacer intervenciones que logren generar las capacidades necesarias de manera masiva en las empresas para poder liderar su transformación al nuevo contexto digital.
5. Mecanismos de testeo y pruebas
Así como la innovación abierta en las empresas, los gobiernos también deben probar esquemas ágiles de regulación que incentiven la innovación, protejan al usuario y permitan el aprendizaje rápido y trabajo en conjunto entre empresas, reguladores y usuarios. Esto incluye, por ejemplo, facilitar el testeo de nuevos modelos de negocio, tecnologías y aplicaciones a través de sandboxes regulatorios, en los cuales el regulador otorga un permiso en condiciones de prueba mientras se testean los nuevos productos en entornos controlados, como existen para las fintech en Singapur y Reino Unido; o los testbeds, que son plataformas colectivas para el desarrollo, prueba y aprendizaje conjunto de nuevas tecnologías y productos, como por ejemplo de la tecnología 5G en Finlandia y Reino Unido, de vehículos autónomos en Alemania o de inteligencia artificial en Estados Unidos a través del Industrial Internet Consortium.
6. Compras públicas como gatillo de procesos de digitalización
Mas allá de las intervenciones tradicionales de apoyo a la innovación, el Estado tiene un rol crucial como impulsor inicial de procesos de digitalización a través de la regulación o las compras del Estado. La exigencia de uso de la metodología Building Information Modelling (BIM) en los pliegos de licitación de infraestructura pública o el uso de mecanismos de compra pública de innovación (CPI) son ejemplos de cómo el Estado puede promover la adopción de tecnologías que ya existen en el mercado o contratar el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, fomentando la innovación en los ecosistemas y mejorando en el camino la eficiencia de los servicios públicos
La cuarta revolución industrial está en plena marcha. Para América Latina y el Caribe, no subirse a esta ola puede traer consecuencias nefastas, no solo desde el punto de vista productivo, rezagándonos aún más en la ruta del desarrollo, sino también aumentando las brechas entre aquellos que pueden acceder a sus beneficios y aquellos que no.
El éxito de la transformación digital depende de unas políticas integrales, que combinen elementos de oferta y demanda, y promuevan una relación de diálogo permanente entre los sectores público y privado para cada uno de los ejes propuestos. Como región debemos adaptar y complementar las políticas de innovación para construir una agenda digital de manera ágil y urgente. La revolución 4.0 requiere políticas 4.0.
Una versión resumida de este articulo fue publicada por los autores, originalmente en el diario El País.
